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RENUENTE PRAGMATISMO

El resentimiento abrasador se dejaba sentir incluso fuera de la habitación por quienes observaban detrás del espejo traslúcido de la instalación de policía en la parte suburbana de Dallas. Las 20 presuntas votantes que participaban en este grupo de muestra -resultaron ser mujeres republicanas- hablaban de inmigración y estaban muy enojadas: saltaban de furia. Estos extranjeros lesionan al país, decían, tanto en lo económico como en lo cultural. No vinieron a Estados Unidos a trabajar, sino a aprovechar los beneficios de los programas sociales. Reciben servicios gratuitos -atención a la salud, educación, entre otros- a costa de los estadounidenses nativos. Prefieren entrar sin documentos y vivir fuera de la ley: después de todo, si estuvieran dentro de ella, tendrían que pagar su parte correspondiente de impuestos. Y no quieren volverse estadounidenses; de eso estaban seguras. Mientras más pensaban en el tema, más se indignaban, y algunas llegaron incluso a cuestionar si Estados Unidos debería seguir siendo una nación de inmigrantes.

Pero entonces el moderador -un profesional de voz tranquila, adiestrado para llevar adelante la discusión con la mayor neutralidad posible- comenzó a inducir a las mujeres a pensar en una solución: ¿cómo sentía el grupo que debía el gobierno tratar la inmigración? El estado de ánimo no cambió de inmediato; no desaparecieron la rabia ni la frustración. Pero mientras más pensaban en lo que había que hacer, esas mujeres se volvían incluso más pragmáticas.

¿Tenía sentido deportar a los 12 millones de inmigrantes "ilegales" (así los llamó el grupo) que están ya en el país? Al principio algunas pensaban que sí y así lo dijeron, con beligerancia. Pero mientras más hablaban del asunto, menos seguras estaban, y después de unos 20 minutos llegaron a un consenso renuente: no, probablemente no sería práctico localizar y deportar a 12 millones de personas. ¿Qué pasaría si Estados Unidos se pusiera más estricto: más reforzamiento de la frontera, revisiones por sorpresa a empleadores, medidas para procurar que los inmigrantes no reciban beneficios gubernamentales? ¿Se lograría con ello hacer que a la larga los extranjeros salieran del país por su propia voluntad? Al principio, también en este caso a algunas les gustó la idea. Pero al considerarla, una vez más tuvieron que ceder: era difícil que funcionara; la mayoría de los inmigrantes han echado raíces en Estados Unidos y estarían poco dispuestos a marcharse, incluso en las peores circunstancias.

Entonces, ¿qué hacer?, presionó el moderador, y se podía observar el esfuerzo del grupo al elaborar una respuesta. "Está bien", dijo alguien al final: "no me gusta, no me gusta nada, pero creo que, como cuestión práctica, tenemos que hacer algo. No se van a ir, así que tendremos que encontrar algún sistema. Necesitamos registrarlos y con el tiempo dejar que se legalicen."

Estas mujeres resultaron ser republicanas de Texas, en algunos aspectos más extremas que otros electores. Pero una encuesta tras otra muestra que, en este tema, son sorprendentemente representativas: su vuelco improbable hacia el pragmatismo en la inmigración es típico de lo que ocurre en todo el país. Sea que vivan en la frontera o lejos de ella, y con independencia de a qué partido pertenezcan, la mayoría de los estadounidenses se inclinan hacia una solución práctica a la inmigración indocumentada, que incluya tanto una aplicación más estricta de la ley como un camino hacia la ciudadanía para quienes ya están en el país. Pero eso no significa que la mayoría esté contenta con su postura o que no le preocupe la forma en que el tema se ventila hoy día en Estados Unidos.

Como subrayó en un análisis reciente un grupo de asesores políticos del Third Way Institute (TWI), de izquierda, no porque el público "apoye" una solución práctica significa que ésta sea "popular". Y no está claro hasta dónde se sostenga este pragmatismo ambivalente en las elecciones de medio término de 2006. Entre tanto, la población hispana es muy consciente de los sentimientos mezclados del público, en particular del resentimiento de republicanos como estas texanas. Y esto a su vez induce a los latinos a tener mayor participación política, aunque también en este caso con consecuencias inciertas, al menos de corto plazo.

RECUPERAR EL CONTROL

Aunque no siempre tan irritados o cándidos como el grupo texano, los electores estadounidenses son todo menos unánimes en su frustración con el disfuncional sistema de inmigración. Esto es producto en parte de los ataques del 11-S, y en parte está impulsado por las cifras: el solo número de inmigrantes no autorizados que cada año llegan y se dispersan por Estados Unidos, incluso hacia regiones no acostumbradas al influjo de extranjeros. Pero la nación ya no está dividida -si es que alguna vez lo estuvo- entre los que quieren ser duros y los que prefieren ser comprensivos, entre los preocupados por la ley y el orden y los impulsados por el interés en los derechos de los inmigrantes. Prácticamente todos los votantes, según indica una encuesta tras otra, buscan una aplicación más eficaz de la ley y mayor seguridad. La palabra que surge una y otra vez, cualquiera sea la forma en que se planteen las preguntas, es "control". Las personas sienten que el sistema está fuera de control y, sean liberales o conservadoras, quieren restaurar el imperio de la ley.

Esta necesidad de mayor control y legalidad se refleja en el debate nacional en torno a la inmigración: ningún político, de derecha o de izquierda, quiere ser visto como blando en aplicar la ley. Incluso los acérrimos partidarios de reformas liberalizadoras -medidas que permitieran la entrada de más trabajadores inmigrantes al país- están a favor de reforzar la frontera e inspeccionar a empleadores que contratan trabajadores no autorizados. Los analistas del TWI resumen la situación en esta forma: "Los tradicionales mensajes progresistas de imparcialidad y justicia carecen de potencia", alegan. "Duro, justo y práctico" son palabras mucho más eficaces. Y cuando hablan de "justicia", no se refieren a ser justos con los inmigrantes, sino, por el contrario, con los contribuyentes: con personas que, como las mujeres de Texas, sienten que los inmigrantes son una carga porque utilizan los servicios del gobierno más de lo que les corresponde.

Con todo, por severo que sea el estado de ánimo, tanto en el público como en Washington, es importante no exagerarlo o confundirlo con lo que no es. No porque los votantes sean duros quiere decir que tengan malas intenciones. Cuando los encuestadores del TWI preguntaron cuál debería ser el objetivo de la política de inmigración, los interrogados pusieron en primer lugar restaurar el "respeto a la ley" (91% de apoyo), y decisivamente en último "castigar a los inmigrantes indocumentados" o tratarlos "como los delincuentes que son" (sólo 18 y 15% de apoyo). De manera similar, al preguntarles cuál prefieren, la legislación aprobada por el Senado en mayo o la iniciativa mucho más severa producida por la Cámara de Representantes en diciembre, pocos estadounidenses optaron por el enfoque punitivo de esta última, que entre otras cosas considera delincuentes a todos los inmigrantes no autorizados. Por ejemplo, una encuesta de NBC/Wall Street Journal realizada en junio encontró que sólo 33% favorecía la iniciativa de la Cámara. Y un sondeo reciente de la revista Time indicó que el apoyo podría ser aún más débil: no más de 25%. Tampoco es necesariamente negativo que el impulso hacia la reforma sea dado por un deseo de legalidad y seguridad. Es necesario que el altruismo y la compasión sean parte de la mezcla, pero sin duda una política basada en un decidido interés propio tiene más probabilidad de perdurar.

Entre tanto, lo más sorprendente en las actitudes del público es cuántos votantes, demócratas y republicanos, captan que cualquier solución eficaz debe incluir una respuesta para los inmigrantes indocumentados que ya están en el país. Como en el caso del grupo de Texas, ésta podría ser, para muchos, una concesión mezquina. Pero también es de sentido común: es difícil ver cómo nosotros, como nación, podemos esperar resolver el problema de la inmigración indocumentada si no atendemos, y mientras no lo hagamos, la cuestión de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que ya están aquí. Y sea cual fuere la razón, las encuestas recientes son notablemente consistentes. Según la Encuesta Gallup, Washington Post/ABC News, Time, NBC News/Wall Street Journal, CNN y el Comité Nacional Republicano, además de otros equipos encuestadores, entre dos terceras y tres cuartas partes del público estarían dispuestas a permitir que los inmigrantes no autorizados permanezcan en el país y lleguen a ganar la ciudadanía, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos como pagar impuestos atrasados y aprender inglés. La mayoría de los votantes no considera que se trate de una amnistía; por el contrario, para la mayoría es simple pragmatismo: qué mejor forma de reducir la ilegalidad y aumentar a la vez el número de contribuyentes.

LA SARTÉN POR EL MANGO

El problema es el otro 20 o 25% de votantes y, según indica una encuesta tras otra, ése es su número, ni más ni menos. Una encuesta de USA Today en mayo pasado pintaba su retrato en vívido detalle: en su mayoría varones, blancos y sin título universitario, creen que los inmigrantes son malos para la economía, quieren construir un muro a lo largo de la frontera y se oponen de manera terminante a que los indocumentados adquieran la ciudadanía. Sólo aproximadamente la mitad son republicanos, así que, si se da por sentado que más o menos la mitad del electorado vota por ese partido, estos intransigentes constituyen no más de la cuarta parte del partido. Pero muchos políticos republicanos, en particular en la Cámara, están convencidos de que son más intensos -más interesados, más motivados, más inclinados a basar su voto en este solo asunto- que cualquier otra persona que acuda a las urnas en noviembre. Así que han tomado la sartén por el mango en el debate nacional sobre inmigración, al llevar a muchos republicanos a concluir que bloquear la reforma les dará el triunfo político. Por eso los miembros de la Cámara viajan por el país durante el verano, realizan "audiencias" tendientes a impedir que las dos cámaras se unan para poner en vigor una ley en otoño.

Aún no está claro cómo se desarrollará esta cuestión en los meses siguientes. Una posibilidad es una carrera de fondo. Los republicanos intransigentes podrían continuar obstruyendo el avance hacia una iniciativa, y los demócratas desesperados podrían llegar a la conclusión de que deben tratar de rebasarlos por la derecha, basando su campaña, no en la necesidad de una nueva ley, sino en el fracaso del gobierno de Bush en reforzar la frontera. Esto ocurre ya en varios estados donde las contiendas son reñidas, y es concebible que la dinámica obre en ventaja de los republicanos. Pero mucho depende de qué tipo de votantes inclinan verdaderamente las elecciones más cerradas. Si es una base energizada, como esperan los de línea dura, podría ser que prevalezcan los republicanos duros, cabalgando sobre los intensos sentimientos antiinmigrantes de ese 20-25% intransigente del público.

Sin embargo, es igualmente posible que los votantes centristas indecisos sean los que produzcan la diferencia en la mayoría de las contiendas y, en ese caso, alinearse por la derecha en el tema de inmigración podría no ser una estrategia sólida. Si una encuesta reciente encargada por National Public Radio puede servir de guía, los votantes en distritos competidos no se enfocan sobre la inmigración en particular, la cual está muy abajo en la lista de temas que les preocupan. Y conforme al grado en que les interesa, no parece impulsarlos en forma decisiva hacia un lado u otro -hacia candidatos republicanos o demócratas-, salvo quizá en los casos en que se ven repelidos por la violenta retórica antiinmigratoria de un candidato.

Y hay todavía otra forma en la cual la estrategia republicana podría resultar contraproducente. Una encuesta reciente realizada para el Manhattan Institute y el National Immigration Forum indica que algunos votantes, aunque aún son minoría, se inclinan a castigar al Congreso si no logra atender el tema de la inmigración antes del día de los comicios. En este momento, según nuestro sondeo, culpan tanto a demócratas como a republicanos. Pero eso podría cambiar: la encuesta del TWI ya encuentra desproporción entre quienes culpan a los republicanos. Y en todo caso, me parece, los representantes republicanos ya preparan su caída. ¿Cómo pueden viajar todo el verano por el país, celebrando audiencias e insistiendo en que la inmigración es el asunto de política nacional más apremiante que enfrentamos, y luego regresar a Washington en septiembre y no hacer nada? Se arriesgan a perder no sólo a los votantes indecisos repelidos por su grandilocuente postura nativista, sino también a los republicanos más fieles, que sienten más que nadie que es "muy" o "extremadamente importante" que el Congreso resuelva la cuestión este año. Incluso entre personas que no suelen basar su voto en la inmigración, la falta de acción puede contribuir a un mayor sentido de insatisfacción con el gobierno federal. Según nuestra encuesta, la mayoría de los votantes siente que el Congreso no hace "un buen trabajo para resolver los problemas importantes" para ellos, y en consecuencia 44% podría sencillamente no acudir a las urnas o votar, como resultado, en contra de su representante.
Pero, sea cual fuere el resultado en tal o cual distrito este otoño, no puede haber duda en cuanto a la consecuencia a largo plazo del actual debate: el daño que se hace el Partido Republicano con el bloque de votantes que crece con mayor velocidad en el país, los hispanos.

Los republicanos de línea dura desdeñan este peligro, a menudo con sorprendente descuido. Algunos aseguran que su partido jamás logrará atraer a los hispanos; que, al igual que los afroestadounidenses, los latinos son inherente e inalterablemente demócratas. Otros no perciben el veneno en su propia retórica; no captan lo profundamente insultante que es, incluso para latinos asimilados que son ambivalentes ante la inmigración. Y otros más tienen la vaga sensación de que algo anda mal, pero se encogen de hombros, tranquilizándose con la idea de que los futuros votantes latinos olvidarán pronto la militante retórica actual. Nada puede estar más lejos de la verdad: los desdeñosos se equivocan en las tres percepciones.

Como en el público en general, la opinión de los hispanos puede también ser confusa: las contracorrientes son complejas y a menudo las encuestas resultan ambiguas. Pero unos cuantos hechos destacan con claridad, y todos apuntan en la misma dirección. La contienda por el futuro pende sobre todo de los votos de los latinos nacidos en el extranjero. (Los nacidos en el país ya se inclinan con fuerza hacia los demócratas.) Y según el Pew Hispanic Center, estos recién llegados han sido los más traumatizados por el debate de este año sobre inmigración. Al preguntárseles cuál partido tiene mejor postura sobre el tema, la proporción de recién llegados que favorecen a los republicanos ha caído a sólo 12% (contra 28% dos años antes), y casi tres veces ese número favorece la postura demócrata. Y al preguntarles cuál de los partidos tiene mayor interés por los latinos, incluso los nacidos en el extranjero prefirieron ahora a los demócratas por margen de tres a uno.

HORA DEL SENTIDO COMÚN

Desde luego, en la inmigración, como en cualquier tema, la competencia política sólo nos puede guiar hasta cierto punto. Como nación necesitamos controlar nuestras fronteras y el interés nacional; las contiendas electorales no deberían ser el factor que a final de cuentas impulse la política por adoptar. Pero lo impactante de la inmigración hoy día es de qué manera el juego político y las políticas se alinean poco a poco. El enfoque por el que la mayoría de estadounidenses se inclina -un paquete que combine una aplicación más estricta de la ley con mayor honestidad hacia los inmigrantes que ya se encuentran en el país- también resulta ser el curso de acción más prudente y pragmático: nuestra única manera de contrarrestar las fallidas y nada realistas políticas de las décadas recientes. Este nuevo alineamiento no es un accidente: como mostró el grupo de muestra de Dallas, mana directamente de la creciente conciencia del público, aunque a veces renuente, de lo que está en juego y de las razones por las que es importante para el país. ¿Cómo pueden los votantes, incluso los desinformados, entenderlo tan bien, mientras tantos de sus representantes electos lo entienden tan mal?

Por supuesto, las mujeres de Dallas tampoco estaban del todo seguras, y sus emociones entraban a menudo en conflicto con su buen juicio. Los próximos meses serán una prueba reveladora… de cuál de los instintos de las mujeres prevalece, pero también de con qué exactitud nuestros políticos capten sus preferencias.

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English Version

Immigration: Between Pragmatism and Control

You could feel the blistering resentment even outside the room, watching from behind the two-way mirror at the polling facility in suburban Dallas. The twenty likely voters participating in the focus group - they happened to be Republican women - were talking about illegal immigration, and they were mad: hopping mad. These foreigners were hurting the country, the women said, both economically and culturally. They came to the United States not to work, but to take advantage of the welfare benefits. They were getting a free ride - health care, education and other services - on the backs of native-born Americans. They preferred entering illegally and living on the wrong side of the law - after all, if they were legal, they would have to pay their fair share in taxes. And they didn't, the Texans were sure, want to become Americans. The more the women thought about the issue, the angrier they grew, and several went so far as to question whether the U.S. should remain a nation of immigrants.

But then the moderator - a soft-spoken professional trained to advance the discussion as neutrally as possible - started to push the women to think about a solution: how did the group feel the government should deal with illegal immigration? The mood didn't shift abruptly. Neither the anger nor the frustration disappeared. But the more they thought about what ought to be done, the more pragmatic even these women grew.

Did it make sense to deport the 12 million illegal immigrants (that's what the group called them) already in the country? At first, some of the women thought it did and said so, belligerently. But the more they talked about it, the less sure they grew, and after about 20 minutes they came to a reluctant consensus: no, it probably wasn't practical to locate and deport 12 million people. What if the U.S. simply got tougher: more enforcement on the border, a crackdown on employers, measures to make sure that immigrants received no government benefits? Would this eventually drive the foreigners to leave the country of their own accord? At first, in this case too, some of the women liked the idea. But as they pondered it, once again, the group had to concede: it was hard to see this working - most immigrants have put down roots in the U.S. and would be reluctant to leave, even under harsher circumstances.

So what to do, the moderator pressed, and you could feel the group straining as it worked its way toward an answer. "All right," someone finally said, "I don't like it - I don't like it one bit. But I guess, as a practical matter, we've got to do something. They aren't going to leave, so we'll have to come up with some kind of system. We'll need to register them and eventually let them legalize."

These happened to be Texas Republicans, in some things more extreme than other voters. But survey after survey shows, on this issue, they are surprisingly representative: their unlikely turn toward pragmatism on immigration is typical of what is happening across America. Whether they live on the border or far from it, whichever party they belong to, the overwhelming majority of Americans are moving toward a practical solution for illegal immigration: one that includes both tougher enforcement and a path to citizenship for those already in the country. But that doesn't mean that most are happy with their position or untroubled by the way the issue is playing out in the U.S. today.

As one set of political consultants, at the left-leaning Third Way Institute, stressed in a recent analysis, just because the public "supports" a practical solution, that doesn't mean that it is "popular." And just how this ambivalent pragmatism will hold up in the 2006 mid-term elections is far from clear. Meanwhile, the Hispanic population is acutely aware of the larger public's mixed feelings, particularly the resentment of Republicans like these Texas women. And this in turn is driving Latinos to greater participation in politics - although, in this case too, with uncertain consequences, at least in the short run.

Though not always as bitter or candid as the Texas focus group, American voters are all but unanimous in their frustration with the dysfunctional immigration system. In part, this is a product of the 9/11 attacks. In part, it is driven by the numbers: the sheer number of unauthorized immigrants arriving annually and spreading through the U.S., including to regions unaccustomed to a foreign influx. But the nation is no longer - if it ever was - divided between those who want to be tough and those who would rather be compassionate, between those preoccupied by law and order and those driven by concern for immigrants' rights. Virtually all voters, poll after poll shows, are looking for more effective enforcement and enhanced security. The word that comes up again and again, no matter how the questions are put, is "control." People feel the system is out of control and, whether liberal or conservative, they want to restore the rule of law.

This hunger for greater control and legality is reflected in the national debate about immigration: no policymaker, on the right or left, wants to be seen as soft on enforcement. And even stalwart proponents of liberalizing reforms - measures that would allow more legal immigrants to enter the country - are in favor of tightening up the border and cracking down on employers who hire unauthorized workers. The Third Way analysts sum up the situation this way: "The traditional progressive messages of fairness and justice lack potency," they argue. Much more effective words are "tough, fair and practical." And when they talk about "fairness," these consultants don't mean fairness to immigrants, but, on the contrary, fairness to taxpayers - to folks, like the Texas women, who feel that immigrants are a burden, using more than their fair share of government services.

Still, stern as the mood is, both among the public and in Washington, it's important not to exaggerate it or mistake it for something it isn't. Just because voters are tough doesn't mean that they're mean-spirited. When the Third Way's pollsters asked what should be the goal of immigration policy, respondents put restoring "respect for the law" first (91 percent support) and "punishing illegal immigrants" or treating them "like the criminals they are" decisively last (only 18 and 15 percent support). Similarly, when asked which they prefer, the legislation passed by the Senate in May or the much harsher bill produced by the House last December, few Americans opt for the House's punitive approach, which among other things would make felons of all unauthorized immigrants. A June NBC/Wall Street Journal poll, for example, found only 33 percent in favor of the House bill. And a recent Time Magazine sounding suggested that support may be even weaker - no more than 25 percent. Nor is it necessarily a bad thing that the push for reform be driven by a desire for legality and security. Altruism and compassion need to be part of the mix, but surely policy based on tough-minded self-interest is likely to be more enduring.

Meanwhile, what's most surprising about public attitudes is how many voters, Democrat and Republican, grasp that any effective solution must include an answer for the unauthorized migrants already in the country. As in the case of the Texas focus group, this may, for many, be a grudging concession. But it's also common sense: it's hard to see how we as a nation can hope to solve the problem of illegal immigration unless and until we deal with the 12 million illegal immigrants already here. And whatever the reason, recent surveys are remarkably consistent. According to the Gallup Poll, Washington Post/ABC News, Time, NBC News/Wall Street Journal, CNN and the Republican National Committee, among other polling teams, between two-thirds and three-quarters of the public would be willing to let unauthorized immigrants stay in the U.S. and earn eventual citizenship, provided that they met certain requirements like paying back taxes and learning English. The majority of voters don't consider this amnesty. On the contrary, for most, it's simply pragmatism - what better way to reduce illegality while also increasing the number of taxpayers.

The problem is the other 20 to 25 percent of voters - and, survey after survey shows, that's how many of them there are, no more, no less. A USA Today poll in late May painted their portrait in vivid detail: mostly male, white and without a college degree, they believe immigrants are bad for the economy, want to build a wall along the border and adamantly oppose allowing illegal immigrants to become citizens. Only about half are Republicans, so assuming GOP voters make up roughly half of the electorate, these diehards account for no more than a quarter of the party. But many Republican politicians, particularly the House, are convinced that they are more intense - more concerned, more motivated, more likely to vote the basis of this single issue - than anyone else likely to go to the polls in November. So they have become the tail wagging the dog of the national debate about immigration, leading many Republicans to conclude that blocking reform is a political winner. That's why House members spent the summer traveling around the country, holding "hearings" designed to stop the two chambers from coming together to enact a law in the fall.

Just how this will play out in the months ahead is still unclear. One possibility is a race to the bottom. Republican diehards could continue to block progress toward a bill, and desperate Democrats could conclude that they should try to outflank them on the right, campaigning not on the need for new law but on the Bush administration's failure to enforce the border. This is already happening in several states with close races, and the dynamic could conceivably work to the GOP's advantage. But much depends on what kind of voters actually turn most close elections. If it's an energized base, as the hardliners hope, then tough-talking Republicans may indeed prevail, riding the intense anti-immigrant feelings of that diehard 20 to 25 percent of the public.

But it's equally possible that centrist swing voters are what make the difference in most races, and in that case, listing right on immigration may not be such a sound strategy. If a recent poll commissioned by National Public Radio is any guide, voters in competitive districts are not particularly focused on immigration: it's way down the list of the electoral issues they care about. And to the degree they are concerned about it, it doesn't seem to drive them decisively either way - toward either Republican or Democratic candidates - except perhaps in cases where they are turned off by a candidate's harsh anti-immigrant rhetoric.

And there is still another way in which the Republican strategy could backfire. A recent poll conducted for the Manhattan Institute and the National Immigration Forum suggests that some voters, albeit still a minority, are inclined to punish Congress if it fails to deal with immigration before Election Day. Right now, according to our survey, they blame both Democrats and Republicans. But that could change - the Third Way poll already finds them blaming the GOP disproportionately. And if anything, I believe, House Republicans are setting themselves up for a fall. How can they travel around the country all summer, holding hearings and insisting that immigration is the most pressing domestic policy problem we face, then come back to Washington in September and sit on their hands? They risk losing not only swing voters put off by their nativist grandstanding, but also staunch Republicans, who feel more strongly than anyone else that it is "very" or "extremely important" for Congress to come to grips with immigration this year. Even among people not inclined to base their vote on immigration, a failure to act could play into a larger sense of dissatisfaction with the federal government. According to our poll, most voters feel that Congress is not doing "a good job at solving the problems that are important" to them - and 44 percent might just stay home from the polls or vote against their representative as a result.

But whatever the outcome this fall in this or that district, there can be no question about the long-term consequence of the current debate: the damage the Republican Party is doing itself with the fastest growing voting block in the country - Hispanics.

Republican hardliners dismiss this danger, often with shocking carelessness. Some argue that the GOP can never succeed in attracting Hispanics - that like African-Americans, Latinos are inherently and inalterably Democrats. Others don't hear the poison in their own rhetoric - don't grasp how deeply insulting it is, even to assimilated Latinos ambivalent about immigration. Still others sense vaguely that something is wrong, but then shrug it off, reassuring themselves that future Latino voters will quickly forget today's fleeting rhetoric. Nothing could be further from the truth - the poohpoohers are wrong on all three counts.

As with the general public, Hispanic opinion too can seem murky - the crosscurrents are complex and the polling often ambiguous. But a few facts stand out clearly, and they all point in the same direction. The contest for the future hangs primarily on the votes of foreign-born Latinos. (The native-born already lean heavily Democratic.) And according to the Pew Hispanic Center, these recent arrivals have been the most traumatized by this year's debate on immigration. When asked which party has a better position on the issue, the share of newcomers favoring the GOP has dropped to just 12 percent (down from 28 percent two years ago), with nearly three times that many favoring the Democratic stance. And when asked which of the parties is more concerned about Latinos, even the foreign-born now choose the Democrats by a margin of three-to-one.

Of course, on immigration as on any issue, politics can guide us only so far. We as a nation need to control our borders, and national interest, not electoral jockeying, should ultimately be what drives policy. But what's striking about immigration today is just how closely politics and policy are gradually lining up. The approach most Americans favor - a package that combines tougher enforcement with greater honesty about the immigrants already in the country - is also, as it happens, the wisest, most pragmatic course: our only hope of making up for the failed, unrealistic policies of recent decades. This new alignment isn't an accident: as the Dallas focus group showed, it grows directly from the public's growing grasp, albeit sometimes a reluctant one, of just what is at stake and why it matters to the country. How can voters, even uninformed voters, get it so right, while so many of their elected representatives get it so wrong?

Of course, the women in Dallas weren't entirely sure either, their emotions often at war with their better judgment. The next few months will be a telling test - of which of the women's instincts win out, but also how well our politics capture their preferences.

Tamar Jacoby is a senior fellow at the Manhattan Institute.

©2006 Foreign Affairs en Español